Los correos del ‘caso Montoro’ desvelan una “estrategia de presión” sobre Hacienda para participar “en la redacción del BOE”

Los Mossos d’Esquadra, que participan en la investigación sobre corrupción abierta contra el despacho Equipo Económico (fundado por el exministro Cristóbal Montoro), destacaron al juez instructor que los correos electrónicos intervenidos a la supuesta trama desvelan una efectiva “estrategia de presión” e “influencia” sobre el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) por parte de las empresas que contrataban al bufete.

Así consta en los informes policiales del sumario, a los que tuvo acceso EL PAÍS, que subrayan la existencia de múltiples emails que constatan esta práctica irregular. Entre esos documentos, los agentes hacen hincapié en un correo enviado en abril de 2014 por José Luis Méndez, director de Operaciones para el Sur de Europa de la gasista Carburos Metálicos, donde escribe que el entonces secretario de Hacienda, Miguel Ferre, le había trasmitido que “agradecerían” su “ayuda en cuanto a la redacción de la modificación de la ley; o sea, a la redacción del BOE”.

Montoro, Méndez y Ferre se encuentran imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por su presunta implicación en esta red de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos. El magistrado Rubén Rus ha detallado que existen indicios de que el exministro de Hacienda y otros altos cargos de su equipo crearon una “red de influencias” para impulsar cambios normativos en favor de empresas que contrataban al despacho fundado por el propio Montoro: “A cambio de importantes pagos y con un presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”.

La investigación comenzó tras intervenir unos correos sospechosos en el registro de una empresa gasista catalana, Messer Ibérica de Gases, a la que se investigaba por otros delitos. Tras tirar del hilo, los agentes y el juez creen que varias empresas, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), se hicieron con los servicios de Equipo Económico para que el despacho “hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones”. Los Mossos sospechan de que ese modus operandi también se repetía con mercantiles de otros sectores, como las energéticas y renovables.

En un informe enviado por los Mossos al juez, los agentes recalcan que constan “una pluralidad de correos que acreditan las repetidas reuniones de los dirigentes de la AFGIM, normalmente acompañados por asesores de Equipo Económico, con determinados altos e importantes cargos de la Dirección General de Tributos y el Ministerio de Hacienda”. “Esta constante presencia de miembros de Equipo Económico, y puntual de los representantes de la AFGIM, en el seno de los organismos públicos se explica por la estrategia de presión ideada por los dirigentes de la asociación gasística”, explicaron los investigadores al magistrado.

La Policía apunta que la “intención” de las compañías era que, “dada la importante ascendencia de destacados socios y colaboradores de la firma Equipo Económico sobre altos cargos del Ministerio de Hacienda, estos asesores ejercieran su capacidad de influencia sobre determinados cargos públicos para que, con sus resoluciones y propuestas, se alcanzaran las pretensiones de la AFGIM en cuanto a la modificación normativa que permitiría reformar los epígrafes de aplicación a efectos de IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas)”.

En este sentido, tras analizar los emails y los archivos que adjuntaban, los Mossos añadieron: “Se constata que la propuesta de modificación normativa pretendida por la AFGIM, presentada y defendida por Equipo Económico ante diferentes estamentos del Ministerio de Hacienda, se mantiene básicamente inalterada. Desde su confección inicial, elaborada por los técnicos de la AFGIM, hasta su aprobación final por las Cortes Generales con la LPGE (Ley de Presupuestos Generales del Estado) del año 2018, no se produjeron cambios sustanciales”.

“Vía directa al ministro”

Entre los correos remarcados por los investigadores se encuentra uno enviado por el también imputado Rubén Folgado, director técnico de Messer Ibérica de Gases. Este escribió el 5 de diciembre de 2013 al director general: “Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT, he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero esto llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”.

Las pesquisas hacen igualmente hincapié en el correo enviado en abril de 2014 por José Luis Méndez, director de Operaciones para el Sur de Europa de la gasista Carburos Metálicos, donde escribe que el entonces secretario de Hacienda, Miguel Ferre, les “había pedido a los miembros de la AFGIM que asistieron a la reunión del 21 de abril de 2014, que les ayudaran con el redactado del texto propuesto para la elaboración de la norma, así como el interés del secretario de Estado por incluir al sector gasístico en la bonificación fiscal perseguida”. “Este hecho hacía evidente la vinculación de Equipo Económico con determinados cargos del Ministerio de Hacienda facilitando el acceso a la AFGIM”, puntualizaron los Mossos.

El exministro Cristóbal Montoro y el bufete han rechazado las imputaciones. “Equipo Económico niega de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables. Montoro dejó [el despacho] a comienzos de 2008 y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma”, apuntó la empresa en una nota de prensa, donde insiste en la legalidad de sus trabajos.

En otro comunicado, el exdirigente del PP remacha: “Han esperado a mi salida del ministerio en 2018 para iniciar una investigación judicial con sumario secreto que ha durado a esta fecha siete años, lo que es ya un hecho absolutamente anómalo. [Este miércoles] se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España”, aseveró el exministro.